Responsabilidad Penal De La Empresa, Cooperativa O Asociación

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Responsabilidad Penal De La Empresa, Cooperativa O Asociación

El 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, a través de la cual se reformó el Código Penal.

Con la nueva redacción del artículo 31 bis del Código Penal, se dota de contenido a lo que desde la reforma acaecida el pasado año de 2010 se conoce como Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.

Con este renovado artículo 31 bis el legislador prevé las medidas que la empresa debe adoptar para prevenir la comisión de un delito en su seno, dotando así de contenido a una redacción inicial vaga y confusa.

En este sentido, ha quedado delimitado el ámbito de la responsabilidad de una mercantil ante la comisión de un determinado delito por parte de uno de sus socios, administradores (tanto de Hecho como de Derecho), o trabajadores, estableciendo para ello del mecanismo necesario para su evitación.

Este mecanismo recibe el nombre de Manual de Prevención de Delitos, que resulta ser el resultado de un estudio exhaustivo de la sociedad, por tanto, se trata de un elemento elaborado “ad hoc” o “a medida” de cada sociedad.

Una de las medidas de la implantación de un Manual de Prevención de Delitos es la delegación de funciones de prevención en el Compliance. Igualmente deberán adoptarse otras medidas, como puedan ser la adopción de un Código de Conducta que sancione las actuaciones contrarias o el establecimiento de un Canal de Denuncias que permita poner en conocimiento del Compliance Officer la comisión de un delito.

Respecto de la realidad de esta obligación, resulta necesario hacer alusión a los acontecimientos que han ido deviniendo desde la entrada en vigor de esta norma, pues desde entonces y hasta hoy, contamos ya con varias sentencias del Tribunal Supremo que se refieren a esta responsabilidad penal de la empresa, condenando a la misma de forma objetiva, por no contar con un Manual de Prevención de Delitos en su seno.

Igualmente, relevantes son las Circulares de la Fiscalía General del Estado, como número 1/2016 y/o 8/2015, en las que se establece la obligatoriedad de las empresas de contar con un Manual de Prevención de Delitos.

Así las cosas, resulta palpable y evidente el ánimo de dotar a las sociedades de los mecanismos necesarios para prevenir la comisión de delitos en su seno, con el objetivo de llegar a exonerar a una empresa que, en cumplimiento de sus obligaciones, ha decido elaborar e implantar un Manual de Prevención de Delitos, con todo lo que ello supone.

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